La Digital Markets Act, cuyo acuerdo político se alcanzó el pasado 24 de marzo, impondrá obligaciones y prohibiciones a las grandes plataformas online que sean calificadas como “gatekeepers”, con el fin de crear mercados digitales más competitivos. El texto final no estará disponible hasta que no sea aprobado, lo que se prevé que suceda en el mes de julio por lo que es probable que la norma entre en vigor en enero de 2023. A partir de entonces, se designará qué plataformas pasan a ser calificadas como gatekeepers, concediéndoles un plazo de 6 meses para que las obligaciones establecidas les resulten de aplicación.

La DMA impulsará una mayor transparencia con respecto a la forma en la que los gatekeepers proporcionan sus servicios publicitarios, lo que beneficiará a los anunciantes.

En relación con la Digital Services Act, el pasado 23 de abril se hizo público el acuerdo entre el Parlamento y el Consejo sobre la propuesta. Aunque el texto definitivo todavía tiene que ser aprobado por los colegisladores, será plenamente aplicable a los 15 meses de su aprobación o a partir del 1 de enero de 2024 (si esta fecha fuera posterior), excepto para las plataformas y motores de búsqueda, ambos de gran tamaño, que deberán cumplir con las obligaciones que les resulten de aplicación en un plazo de cuatro meses.

La DSA tiene como objetivo actualizar las normas que definen las responsabilidades y obligaciones de los prestadores de servicios digitales y, en particular, de las plataformas, promoviendo una mayor transparencia en lo que a la publicidad digital se refiere y aportando a los usuarios transparencia y mayor capacidad de elección y control. En palabras de Ursula Von der Leyen, esta norma consagra el principio de que aquello que es ilegal en el mundo offline debe serlo también en el online.

ACCEDE A LAS NOTAS DE PRENSA DE LA COMISIÓN EUROPEA:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1978

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2545

La WFA ha presentado una guía cuyo objetivo es ayudar a los anunciantes a realizar de forma más responsable aquellas campañas que incluyan declaraciones medioambientales.

Aunque no es legalmente vinculante, establece seis principios que, si se cumplen, resulte improbable que una declaración medioambiental sea considerada como engañosa. Estos seis principios son los siguientes:

● Las alegaciones medioambientales deben ser claras, tanto por lo que comunican como por lo que omiten.

● Las alegaciones deben ser objetivas y comprobables.

● Las comunicaciones no deben omitir información material relevante, remitiendo a medios alternativos cuando el tiempo o el espacio no permitan incluir toda la información en una pieza.

● Las afirmaciones medioambientales generales deben basarse en el ciclo de vida completo del producto o servicio anunciado.

● Si se comparan productos, éstos deben satisfacer las mismas necesidades o estar destinados al mismo propósito. La base para las comparaciones debe ser clara y permitir que el consumidor tome una decisión informada sobre los productos comparados.

● Se debe incluir toda la información relacionada con el impacto ambiental de los productos anunciados que sea requerida por ley, los reguladores o los códigos de conducta aplicables.

El objetivo de la actualización del Código es dar respuesta a nuevas realidades a las que se enfrenta el sector como los nuevos medios de difusión, la transformación tecnológica, la ficción animada, la utilización de influencers o la perspectiva de género.

El Código entrará en vigor el 1 de diciembre de 2022 aunque los anuncios emitidos antes de esa fecha tendrán un plazo de un año para adaptarse a las nuevas disposiciones. El Código será exigible a las empresas asociadas a la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes.

Tal y como se recoge en el informe, muchas de las brechas notificadas tienen su origen en el phishing. A través de este método, los ciberdelincuentes utilizan correos electrónicos con enlaces a páginas que suplantan portales de acceso a herramientas en la nube para conseguir las credenciales de acceso. Desde la AEPD se insiste en la importancia de las campañas formativas y de concienciación a empleados y en la implantación de medidas antiphising en las organizaciones.