En el mes de julio se sometió a una segunda audiencia pública el Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual. Está previsto que el proyecto de ley llegue a sede parlamentaria durante el mes octubre para que, de esta forma, pueda estar aprobado a finales de año o principios del 2022.

Algunos de los puntos más destacados de esta ley son la ampliación del ámbito de aplicación de la ley, la mayor protección de los menores, la flexibilización de los límites cuantitativos de la publicidad televisiva, la modificación del sistema de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española o el hecho de si, finalmente, se incluirá o no una definición de prestadores de servicios de comunicación audiovisual que se soportan en plataformas de intercambio de vídeos que pudiera afectar a ciertos influencers.

Estas normas, la Directiva 2019/789 y la Directiva 2019/790, pretenden modernizar la normativa en materia de derechos de autor en el mundo digital en el que las puertas de acceso, por parte de los usuarios a los contenidos, ha variado sustancialmente en los últimos años.

Una de las cuestiones más controvertidas que se regulará es la responsabilidad de los operadores que permiten la difusión de contenidos generados por usuarios.

El Ministro de Cultura recientemente se ha pronunciado sobre la prioridad en la tramitación de esta ley y espera que se produzcan avances durante este mes de octubre.

Las diferentes comisiones han publicado sus opiniones a los informes de la Comisión IMCO, Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor, comisión encargada de tramitar las dos propuestas, cuyos informes finales se espera que sean sometidos a votación el próximo 8 de noviembre.

Una de las grandes incertidumbres es si, finalmente, la propuesta de la DSA incluirá o no alguna limitación a la realización de publicidad dirigida tal y como algunas voces proponen.

La presidencia eslovena ha expresado que el avance con estas normativas está entre las prioridades de su mandato con el objetivo de que puedan ser aprobadas en el primer semestre de 2022, bajo la presidencia francesa.